El pasado 15 de septiembre se comenzó a implementar la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior, permitiendo que el país diera un paso decisivo en contra de un fallo sistemático de base, que es la prevención de una problemática que permea varios espacios de la sociedad, donde las universidades no están exentas.
Esta ley, por lo tanto, debe tener una correcta y comprometida implementación por todas las casas de estudio, pues es una normativa que busca evitar las graves consecuencias que generan estas malas prácticas, que van desde afectaciones en la salud física y psicológica, así como impactos negativos –a veces irreversibles– en los proyectos educacionales, profesionales y personales de los y las estudiantes, autoridades, colaboradores, profesores y prestadores de servicios.
Es por esto que, en Universidad del Alba se ha recientemente implementado una nueva Política de Equidad de Género, la cual fue elaborada de manera participativa y paritaria, mediante mesas de trabajo conformadas por los distintos estamentos de nuestra institución, con el objetivo de tener lineamientos claros y protocolos de acción para la prevención y abordaje de estos casos en la comunidad universitaria.
El desafío es enorme, especialmente si consideramos que la nueva ley no viene aparejada de una inyección de recursos, para dar cumplimiento a un mandato que obliga a crear unidades responsables; mecanismos de apoyo; diagnóstico y campañas; procedimientos investigativos y sancionatorios, entre otros, que requieren personal especializado.
Sin embargo, el llamado es a buscar todas las fórmulas, porque más allá de cualquier sanción que pueda existir por eventuales incumplimientos, lo que está detrás en juego es la dignidad de las personas y la igualdad de derechos, así como la integridad física, sexual y emocional de toda la comunidad universitaria.
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