En un contexto político realista, corriente de pensamiento a lo Waltz, Bismark o Kissinger, se puede afirmar que la acción del Estado está motivada principalmente por conveniencia política. Lo anterior tiene de cierto lo que tiene de problemático. El poder y su dinámica intrínseca no tiene juicio en el plano moral, no por falta de conciencia, sino porque la “realidad política” posee una condición neutra e independiente orientada al poder; Carl Schmitt, por la derecha, y la Escuela de Frankfurt, por la izquierda, han dado sustento teórico a ello. El problema se genera cuando el pragmatismo político (conveniencia), choca con la realidad administrativa y el interés colectivo (si es que existe).
El votar a favor de los retiros de los fondos de pensiones fue pragmatismo político de manual. Los beneficios electorales estaban a la vuelta de la esquina, aunque ello se tradujo en un retroceso de 14 años en ahorros previsionales, reducción de las pensiones autofinanciadas, aumento de inflación e incrementos de los costos financieros.
El fin de la selección escolar fue también una decisión “realpolitik”. El fin al lucro y selección eran los enemigos públicos, no sólo un movimiento social o de la izquierda, sino que se transformó en un verdadero fetiche de la opinión pública. Hoy, los resultados de la Educación Chilena están a la vista: Crisis en los SLEP, mayor burocracia y centralización de procesos, fuerte ausentismo, deserción escolar y caída estrepitosa de calidad de los liceos emblemáticos.
Keynes es una especie de oráculo para la izquierda chilena. Hablar contra una empresa pública es causal de ostracismo político y, sin embargo, tenemos una evidente e insostenible montaña de deudas y pérdidas en algunas estatales. Hace un par de días se conoció que ENAMI, a septiembre del 2023, tenía un déficit de US$100 millones. También encontramos pérdidas de más de $2.000 millones de TVN en el primer semestre el año pasado, y la permanente utilización política de colocación laboral para operadores a costo de todos los chilenos. Políticamente, el gobierno no puede “alinearse” con una postura anti estatales, perdería apoyo en su base. No obstante, la buena gestión pública indica que se debe dar un nuevo rumbo.
Hoy resurgió la promesa de campaña: No más CAE. Un tremendo alivio para los deudores y antigua añoranza del movimiento estudiantil. El gobierno se juega su credibilidad, aunque sea una iniciativa pública carente de sentido financiero, que hasta el minuto ya ha tenido efectos en el aumento de la morosidad. ¿Por qué el Estado asume un tipo deuda financiera y otras no? Por más que el Estado sea un Aval, sigue siendo un contrato entre privados, que ya tiene muchos beneficios, como no pagar más del 10% de los ingresos y con una tasa controlada.
La colisión del interés político (legítimo e insustituible) y el interés social es una contienda que pareciera estar muy desigual, pero también muy soterrada para la opinión especializada. El poder y la gestión pública deben ser parte de un debate público que fortalezca la deliberación democrática. Vestir de gestión técnica, decisiones netamente políticas es perpetrar un engaño al ciudadano. Paradójicamente, iniciativas “populares” en la contingencia, algunas veces terminan siendo la ratificación de Hobbes en el siglo XXI: Homo Homini Lupus.
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